La mejora regulatoria es una política pública que tiene como objetivo promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Fomentar lo anterior ha sido el mandato de la COFEMER desde su creación en el año 2000. Cabe señalar que el origen de la política de mejora regulatoria en México se remonta al año de 1989, cuando se instrumentó el primer programa de desregulación económica y se creó la Unidad de Desregulación Económica, dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del Gobierno Federal.

A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, algunos países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Italia y el Reino Unido promovieron modificaciones al marco regulatorio de ciertos sectores económicos. En esos países se llevaron a cabo reformas para sectores tales como aviación civil, autotransporte, ferrocarriles, sistema financiero, energía y telecomunicaciones. En particular, en algunos países europeos se inició un profundo proceso de privatización de empresas que originalmente eran propiedad del Estado. Esta realidad requería el diseño de nuevas reglas las cuales aplicarían a las empresas recién privatizadas, razón por la cual se generó la emisión de nueva regulación. En los Estados Unidos también se dio un proceso de desregulación en el cual se redujeron los controles de precios para ciertos mercados. De esta manera, se pretendía promover esquemas que generaran mayores beneficios sociales mediante una regulación que incrementara un mayor grado competencia y eficiencia en la economía.

En México, durante la década de 1980, la regulación de muchas actividades y sectores productivos resultaba excesiva y, en algunos casos, poco aplicable al entorno económico en el que comenzaba a incursionar el país. México iniciaba su incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, con lo cual se daba un proceso de apertura al comercio exterior. Por otra parte, la regulación se caracterizaba por imponer controles en precios, limitaba la competencia, elevaba injustificadamente los precios y asignaba de manera ineficiente los recursos.

Por ello, a partir de 1989, el gobierno federal emprendió la restructuración de ciertos sectores de la economía mexicana con el propósito de transitar de economía con baja actividad en el comercio internacional y caracterizada por controles regulatorios, a una economía abierta y de mercado. En particular, se iniciaba un proceso más acelerado de desincorporación de empresas de propiedad estatal, lo que exigía el diseño de un nuevo marco regulatorio para diversas actividades que previamente eran controladas por el propio Estado. Asimismo, el país iniciaba un proceso de mayor apertura e integración comercial al mercado de América del Norte, lo que también exigía la elaboración de nuevas reglas que deberían ser compatibles para la nueva realidad comercial.

En ese contexto se inició el programa de desregulación económica en el año de 1989, cuando se emitió un Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de ese año¹. Mediante dicho instrumento se instruía llevar a cabo la revisión del marco regulatorio de la actividad económica nacional a fin de propiciar la libre concurrencia, alentar el desarrollo eficiente de la actividad económica y favorecer la generación de nuevos empleos. En ese mismo año se creó la Unidad de Desregulación Económica (UDE), dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como la oficina encargada de impulsar el programa de desregulación económica.

Como resultado del proceso de desregulación, se confeccionaron diversas leyes que hoy en día rigen mercados relevantes de la economía del país. La Ley Federal de Cinematografía de 1992, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1992, la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal de 1993, la Ley de Comercio Exterior de 1993, la Ley de Puertos de 1993, la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, la Ley de Aviación Civil de 1995, la Ley de Aeropuertos de 1995 son algunos ejemplos de la actividad regulatoria realizada en el seno del programa de desregulación económica.

Posteriormente, en noviembre de 1995, se lanzó un nuevo programa encaminado a mejorar la regulación, a través de la emisión del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial². Mediante este instrumento Presidencial se establecieron las directrices del programa de desregulación y simplificación administrativa orientadas a mejorar la eficacia de la regulación y a eliminar el exceso de trámites. Asimismo, se creó un Consejo para la Desregulación Económica y un Registro Federal de Trámites Empresariales; se previó la coordinación con los gobiernos estatales en sus respectivos esfuerzos en la materia, así como la necesidad de justificar desde el punto de vista económico los anteproyectos de disposiciones normativas federales que se pretendieran emitir. Como resultado, México emprendió el primer programa sistematizado de reforma regulatoria o guillotina regulatoria en el mundo. Por primera vez se contaba con un registro del total de trámites federales que incidían en la actividad económica del país.

Desde mediados de la Administración del Presidente Ernesto Zedillo, resultaba necesario impulsar esquemas institucionales para asegurar que la mejora regulatoria fuera una labor permanente e institucionalizada. La experiencia internacional confirmaba que tanto la apertura comercial como la mejora regulatoria eran dos aspectos centrales para el crecimiento económico de un país. Por tal motivo, en el año de 1997, el Ejecutivo Federal promovió reformas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización a fin de establecer la manifestación de impacto regulatorio como requisito para emitir o modificar normas oficiales mexicanas. De esta manera, para la emisión de este tipo de instrumentos jurídicos se requiere de una explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las medidas propuestas, una comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, así como una descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento con la norma.

Finalmente, en el año 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuyo propósito se centraba en institucionalizar la política de mejora regulatoria a través de la inclusión de un Título Tercero A dentro de la mencionada disposición legal.

Mediante dicha iniciativa se creaba la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, como la oficina encargada de promover la política de mejora regulatoria que originalmente había realizado la entonces Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Asimismo, se estableció de manera permanente la participación de los sectores social y privado mediante la creación del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria.

Si bien, el programa de mejora regulatoria, como política pública, es relativamente nuevo en diversos países del mundo, en todos los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se cuenta con un andamiaje institucional para garantizar que la nueva regulación sea emitida mediante una evaluación ex ante que garantice que los posibles impactos que se generarían en la sociedad sean positivos. En el año 2009, la OCDE catalogó al marco institucional para administrar la política de mejora regulatoria de México como el quinto mejor de los países que conforman ese organismo internacional, seguido únicamente de Gran Bretaña, Holanda, Alemania y Canadá.

Los logros alcanzados en el mejoramiento del marco regulatorio nacional ya comienzan a dar resultados. En la reciente crisis internacional se mostró la fortaleza del sector financiero de nuestro país derivado, en gran medida, por diversas regulaciones impulsadas en los últimos años. Sin embargo, el entorno internacional obliga a redoblar esfuerzos y continuar trabajando en la de mejora regulatoria como política de Estado.